Japón desplegó una nueva arma al arsenal de la lucha de los gobiernos y la industria del entretenimiento contra la piratería. El lunes entró en vigencia en ese país una ley que decreta una pena de dos años de prisión y una multa de hasta dos millones de yenes (US$ 25.700) a quien sea encontrado culpable de bajar una canción sin permiso del dueño de sus derechos de autor, según reporta la BBC.